Jacob Sánchez
Ciudad de México, 17 ago (.).- La nueva aerolínea comercial del Ejército, Mexicana de Aviación, tendrá como reto principal el de no convertirse en una carga fiscal para México, mientras se reaviva el temor de la intervención de las Fuerzas Armadas en mercados civiles, según especialistas consultados por EFE.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hace una semana un acuerdo del Gobierno mexicano para pagar 815 millones de pesos (casi 44 millones de euros) para comprar la marca Mexicana de Aviación, que era la principal aerolínea del país hasta que detuvo sus operaciones en agosto de 2010.
La constitución de la Aerolínea del Estado Mexicano ya había quedado asentada en un decreto del 18 de mayo pasado, cuando se autorizó una compañía a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que ofreciera vuelos comerciales y de carga dentro y fuera del país.
PRINCIPAL RETO
Según los planes de López Obrador, esta aerolínea estatal irrumpirá en el mercado con precios hasta 20 % más baratos que sus competidores y estimó que alcanzará la rentabilidad en 2025.
Sin embargo, su mayor desafío -según ha explicado a EFE este jueves Fernando Gómez, analista económico especialista en el sector aéreo- va a ser alcanzar la viabilidad de la compañía estatal y no tener que vivir del presupuesto público.
En este punto coincide con Carlos Torres, también especialista del ramo, quien señala que significará una presión adicional a las finanzas públicas en momentos en los que las inyecciones de capital podrían tener más impacto en rubros como salud o educación.
MODELO DE NEGOCIO
Gómez considera que, si bien López Obrador sostuvo que no busca el fin lucrativo, será necesario un modelo de negocio con alta visión de rentabilidad.
El secretario mexicano de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, ha detallado que iniciará operaciones este año con 10 aviones Boeing (NYSE:BA) 737-800 para atender los 20 destinos más competidos en el país, con una inversión inicial de 4.000 millones de pesos (unos 215 millones de euros).
De acuerdo con Gómez, la nueva aerolínea estatal tendrá que sumar otra cantidad igual en los próximos dos años para capital de trabajo, nóminas, mantenimientos, gastos operativos, servicios o infraestructuras, entre otros.
Torres duda que el Ejército opere los aviones en diciembre próximo, como anticipó López Obrados, y que alcance a ser completamente rentable para 2025.
“No creo que ningún negocio, incluso de otro giro, pueda tener una rentabilidad tan rápida”, afirma. En ese sentido, añade que las aeronaves deberán someterse a revisiones y certificaciones que podrían obstaculizar la meta.
¿.PETENCIA DESLEAL?
Torres advierte de un posible conflicto de competencias, ya que recientemente se asignó la operación de ciertos aeropuertos a las Fuerzas Armadas, lo que podría suponer ventajas desleales contra las aerolíneas privadas del país: Aeroméxico (BMV:AEROMEX), Volaris (BMV:VOLARA) y VivaAerobus.
Aún así, menciona que la incursión de un nuevo jugador siempre favorece la competencia y descarta que el Estado pueda generar un desequilibrio en el mercado, aun con los descuentos anunciados.
Por otro lado, considera que se abriría más mercado si México recuperara la Categoría 1 en seguridad aérea que Estados Unidos degradó en 2021, ya que las aerolíneas privadas podrían concentrar sus esfuerzos en vuelos hacia destinos internacionales, principalmente Norteamérica.
TRANSPARENCIA NECESARIA
Aparte, Roberto Durán, especialista del Tecnológico de Monterrey, considera necesario un manejo transparente de los recursos.
“No sé si es el mejor uso de los recursos públicos, dadas las necesidades que tenemos, pero me gustaría no preocuparme de tener un hoyo negro fiscal”, comenta.
Durán enfatiza que todas las decisiones deben justificarse porque es "una empresa pública, con recursos públicos".
"Lo que tenemos que esperar es que todo eso sea público porque todos nosotros (los mexicanos) somos accionistas”, señala.
El experto también defiende que el debate reactiva la discusión sobre el creciente involucramiento de las Fuerzas Armadas en sectores públicos y comerciales, como en la administración de aeropuertos, las aduanas y la construcción de obras como el Tren Maya.
Aunque reconoce razones por las que se requiere la rectoría del Estado en el sector, pide analizar si se necesita que provea directamente el servicio.
En este sentido, afirma que la respuesta no es darle más poder a las Fuerzas Armadas, sino procurar que la burocracia alcance los mismos niveles de disciplina, profesionalización y eficiencia.
(foto)