Mucho se ha debatido sobre el rol que debe cumplir el estado ante el colapso de grandes compañías privadas que han sido duramente golpeadas por el coronavirus Covid-19. Probablemente el símbolo de este nuevo escenario es LATAM Airlines Group SA ADR (NYSE:LTM), que tuvo que recurrir al Capítulo 11 en EE.UU. debido a las dificultades para servir su deuda.
¿Tiene el estado el deber moral de apoyar a las grandes empresas en tiempos de pandemia? La respuesta, sin duda, enciende pasiones.
Mientras una parte importante de nuestra sociedad legítimamente insiste en que la gran empresa privada, más que recurrir a la Ley de Protección del Empleo o solicitar ayuda gubernamental, deben mantenerse bajo la ley del mercado, otros sostenemos, sin embargo, que vale la pena ponderar los costos que tendrá en la recaudación fiscal y el crecimiento el colapso generalizado de este tipo de compañías, justo cuando acecha la peor recesión y un profundo desempleo que, a nivel nacional en Chile, ya supera 9%.
En esta línea, es interesante reflexionar sobre el fenómeno del por qué un sector, a pesar de tener tanta evidencia en contra, intenta calificar a LATAM y otras compañías similares, como entes egoístas que postergan a la sociedad y a sus colaboradores para beneficio propio y, ante tan complejo escenario, incluso esbozan cierta satisfacción cuando, contradictoriamente, ellos mismos apoyan el financiamiento permanente a empresas estatales que no sólo distan de ser estratégicas, productivas y transparentes, varias provocan un constante deterioro fiscal porque arrojan pérdidas millonarias, incluso en tiempos de bonanza económica.
Aunque durante las últimas décadas el mundo privado ha demostrado ser un importante motor de creación de riqueza, desarrollo, y por cierto, de una significativa fuente de recaudación fiscal, el solo hecho de que Hacienda se abra a evaluar un rescate financiero a este sector, y a LATAM en particular, provoca una avalancha de opciones y condiciones que, irónicamente, si se aplicaran a las empresas del estado, la gran mayoría literalmente debería cerrar.
Quizás una forma de elevar la discusión y resolver si corresponde o no la intervención del Estado es precisar que, a diferencia de varias empresas estatales, que frecuentemente necesitan capitalización fiscal para subsistir, el sector privado no apela a esta ayuda de manera regular, como se podría creer. Si mal no recuerdo, la última vez que vivimos un debate nacional de este tipo fue para la crisis del sector bancario en la década de los 80, provocada por la dramática devaluación del peso chileno.
Los números también contribuyen al debate. Por varias décadas de operaciones sin interrupción, las actividades de LATAM han sido un aporte constante a las arcas fiscales. Actualmente, contribuyen con más de US$ 6.000 millones al PIB de Chile, además de un impacto aproximado por cerca de US$1.750 millones en ingresos laborales, entre otras.
Seguramente por esta y otras razones, Alemania decidió rescatar a Lufthansa (DE:LHAG) con 9.000 millones de euros, y EE.UU. hizo lo propio con su sector financiero en 2008.
Tal vez no sea un imperativo moral ayudar a esta compañías en tiempos de incertidumbre, pero desde el punto de vista económico puede ser una buena idea que, por el momento, dejemos de lado la eterna fricción entre liberales y socialistas para transitar hacia un bien superior.
Aunque las cuentas fiscales no atraviesan por un buen momento, valdría la pena hacer un esfuerzo adicional y extender la ayuda al sector privado con reglas claras y de manera puntual, como lo han hecho otros gobiernos de diferentes posturas políticas, así en un futuro no muy lejano, el Estado podrá asegurar los fondos necesarios, no sólo para solventar la robusta agenda social, también porque hay empresas estatales que amparar.