El arresto de Lozoya prometía destapar red de corrupción política. Terminó en fiasco

Conforme ha pasado el tiempo la causa contra Emilio Lozoya Austin se ha desvanecido. Por una parte se ha cuestionado el papel de la FGR y de su titular Alejandro Gertz Manero en casos de alto perfil como éste. Por otro lado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó este miércoles el actuar del Poder Judicial. Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).–​​ Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), llegó a México en julio de 2020 como testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) luego de que fuera detenido en febrero de ese año en España, en un refugio para millonarios, acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la compañía brasileña Odebrecht y de participar en un fraude de 280 millones de dólares por la compraventa de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.

La colaboración de Lozoya con las autoridades mexicanas cayó como una bomba mediática, sobre todo cuando el 11 agosto presentó una denuncia ante la misma FGR en la que describió toda una trama de corrupción fraguada y ejecutada por 16 políticos de primer nivel, entre ellos los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa (2006-20012), Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

A Salinas, por ejemplo, lo señaló de haber cabildeado para favorecer proyectos de su hijo relacionados con Pemex. Con respecto Peña Nieto sostuvo que junto a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, le ordenaron reunirse con Luis Weyll, exrepresentante de Odebrecht en México, para pedirle 6 millones de dólares para la campaña de 2012 y posteriromente para comprar votos de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) a favor de la Reforma Energética de 2013, que abrió el sector a la iniciativa privada.

En medio de estos señalamientos y en el marco de una investigación de la FGR por el caso Odebrecht, el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya dejó el país en agosto de 2021 para asentarse en Estados Unidos, en donde permanece a la fecha señalando una supuesta persecución política.

En el documento Lozoya también habló de la influencia que ejerció en México la constructora brasileña Odebrecht, la cual inició en la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa con un contrato de la planta petroquímica Etileno XXI. Según él, José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Energía durante el sexenio de Calderón y posteriormente candidato presidencial del PRI, intervino, junto a José Antonio González Anaya, para que se otorgaran condiciones fuera de lo normal en las ventas de etano que Petróleos Mexicanos acordó con Braskem.

Fue así que con el inicio de esas primeras revelaciones con motivo de su colaboración con las autoridades mexicanas, se generó la idea de que se desvelaba una amplia trama de corrupción que involucraba a los principales personajes políticos de los últimos años.

Incluso el Presidente López Obrador pidió a la Fiscalía hacer públicos los videos que ofreció como prueba de sus señalamientos.

“No sé cuál sería el procedimiento a seguir para que la Fiscalía o la instancia correspondiente del Poder Judicial informara sobre esta denuncia, desde luego, con todos los implicados, con todo el manejo del dinero, con la entrega de los sobornos; que se pueda ver en redes sociales, en la televisión convencional, el video que se asegura entregó el señor Lozoya a la Fiscalía. Conocer todo, primero, porque esto es sano, esto ayuda a purificar la vida pública. Nada de ocultar la verdad, transparencia completa, que es una regla de oro”, señaló el 17 de agosto de 2020.

Pero nada de eso ocurrió.

Conforme ha pasado el tiempo la causa contra Emilio Lozoya Austin se ha desvanecido. Por una parte se ha cuestionado el papel de la FGR y de su titular Alejandro Gertz Manero en casos de alto perfil como éste en los que no ha logrado presentar evidencia firme. Por otro lado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien con la llegada de Lozoya al país se mostró confiado de la información que podría aportar, cuestionó este miércoles el actuar del Poder Judicial, como lo ha venido señalando de tiempo atrás.

“Esto tiene que ver con los jueces, con el Poder Judicial que dejan libres a todos, presuntos delincuentes de cuello blanco y presuntos delincuentes del crimen organizado. Jueces, magistrados, ministros”, declaró en su conferencia mañanera López Obrador.

Ayer, el exdirector de Pemex dejó la prisión para seguir su proceso en libertad. Deberá usar un brazalete electrónico, no podrá salir del país y deberá presentarse periódicamente a firmar. Así sucedió en un principio, cuando a su arribo a México fue llevado a un hospital privado por supuestos problemas de salud. En ese estado se mantuvo hasta que en octubre de 2021 fue captado cenando en el​​ restaurante de lujo Hunan con un grupo de amigos, comiendo pato pekinés y bebiendo vino.

El escándalo que generó la imagen de un Lozoya despreocupado, pese a las acusaciones en su contra, lo llevó a que en noviembre de ese año se cambiaran las medidas cautelares pedidas por la FGR y fuera ingresado al Reclusorio Norte de Ciudad de México, de donde salió ayer después de dos años con tres meses y 17 días para seguir en libertad su proceso por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

Emilio Lozoya Austin fue captado en octubre de 2021 en un restaurante de la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Foto: Lourdes Mendoza Meses después, en junio de 2022, se filtró un audio en donde el Fiscal Gertz Manero reclamaba al papa de Emilio Lozoya, el exfuncionario salinista Emilio Lozoya Thalmann, por los recursos legales que había interpuesto la defensa de su hijo. “Yo no acepto dobles lenguajes”, le advirtió Gertz en la llamada al papá de Lozoya.

Lo cierto es que ​​el año pasado, un juez le canceló al exdirector de Pemex un proceso por el caso Agronitrogenados, al considerar que Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, había acordado pagar la reparación del daño. En 2022, en otra causa, Lozoya pagó 2.6 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda por los impuestos que adeudaba en 2016, para que le cancelaran el proceso por defraudación fiscal.

La Fiscalía reclamó ayer la decisión judicial y aseguró que Emilia Lozoya recibía “privilegios injustos, inequitativos y parciales”, y por ello dio a conocer que presentará un recurso de revisión.

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