AMLO a alguien le va a quedar mal. La bancarrota (que viene)

 | 20.09.2018 08:50

A raíz de las declaraciones del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de que México es un país ‘en bancarrota’, algunas personas tienen una sincera duda sobre si México está o no en esa situación. Por otro lado quedan los fanáticos que creen a pie juntillas lo que declare su líder, sea lo que sea, y hasta lo defienden sin importar lo absurdo que sea.

Para ser justos, la realidad es que no es asunto de blanco o negro, sino que hay matices: nuestro país no ha alcanzado el nivel de desarrollo que debería, pero eso no quiere decir que no tengamos ni para pagar lo que debemos.

Partimos pues de ahí: México no está en la ruina.

Claro, es cierto que el crecimiento económico no ha sido el que todos quisiéramos. Banco de México por ejemplo, pronostica que la economía nacional crecerá entre 2 y 2.6 por ciento este año –en definitiva una tasa insuficiente-, con una inflación en niveles de entre 3.8 y 4.2 por ciento, un poco elevada.

Pero con tan sólo ver estos dos datos tenemos una señal de que NO hay una situación de crisis económica y menos aún de quiebra, como las que ya ha enfrentado nuestro país en el pasado, con recesiones que implicaron una fuerte caída del Producto Interno Bruto (PIB), disparo del desempleo, el tipo de cambio; y tasas de inflación anual de 2 o hasta 3 dígitos.

Pero además, los datos más actualizados del segundo trimestre de 2018, publicados por la Secretaría de Hacienda, reportan que se está cumpliendo con las metas de déficit de 2.5 por ciento del PIB, y que se tiene un superávit primario (lo correcto sería tener un verdadero equilibrio en vez de un ‘superávit primario’, que sigue siendo un déficit fiscal cuando se considera el servicio de la deuda, como debe ser).

Gracias a eso, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) –la medida más amplia de la deuda gubernamental-, que ascendió al mes de julio a más de 9 billones 995 mil millones de pesos, sigue siendo consistente con los techos de endeudamiento aprobados por el Congreso, y con el objetivo de que la deuda pública continúe una trayectoria descendente.