por Dassaev Rodríguez Ramírez
(Retransmite la historia publicada el 22 de mayo)
Infosel, mayo. 22.- El gobierno de México dio un primer gran golpe mediático en la cruzada para combatir la corrupción que aquejó al país en la pasada administración, luego que la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a dos altos mandos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Aunque oficialmente el gobierno no reveló los nombres de los dos sancionados, varios reportes como el del portal Animal Político, revelaron que uno de los sancionados por Función Pública es Emilio Lozoya Austin, quien dirigió a Pemex, como también se conoce a la petrolera estatal, durante los primeros cuatro años del gobierno pasado.
Lozoya fue inhabilitado por 10 años para trabajar en el gobierno federal por haber omitido información en su declaración patrimonial, ya que en dos ocasiones dejó de reportar una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos.
"Una de las inhabilitaciones, por 10 años, es resultado de un cuidadoso procedimiento de responsabilidades administrativas en donde, entre otras cosas, se detectó que se proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial", dijo Función Pública, en el comunicado donde informó de las sanciones. "En dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos".
Para muchos, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, la delicada situación financiera que vive Pemex en la actualidad se debe a la mala gestión que tuvieron administraciones pasadas, que ocasionaron que la producción petrolera del país cayera a un mínimo histórico de 1.85 millones de barriles diarios en enero de este año.
La promesa de erradicar la corrupción fue de hecho una de las principales explicaciones que llevaron a la presidencia a López Obrador, por lo que las acciones emprendidas por el gobierno parecen estar en sintonía con castigar a los funcionarios que pudieran haber actuado mal.
"Con acciones como esta, la Secretaría de la Función Pública reitera su compromiso de acabar con la corrupción y la impunidad, y subraya que estas sanciones son sólo el inicio de un conjunto de investigaciones en curso para dar cumplimiento a la exigencia social de erradicar el abuso de los recursos públicos", agregó la dependencia.
La sanción contra Lozoya Austin, quien tiene 44 años de edad, fue confirmada al periódico El Financiero por el abogado Javier Coello, quien ha representado al exdirector de Pemex en otras disputas legales.
"Hoy fue notificado; el asunto fue que no declaró que su mamá abrió una cuenta de inversiones", dijo el abogado en declaraciones a ese periódico.
Coello dijo que acudirán ante las autoridades para demostrar la inocencia de Lozoya y combatir la sanción, por considerar que hay inconsistencias en la elaboración del dictamen.
La actuación de Lozoya Austin al frente de Pemex ha sido objeto de dudas en el pasado, por las acusaciones que lanzaron tres ejecutivos de la empresa constructora brasileña Odebrecht de haber pagado hasta 10 millones de dólares al funcionario mientras éste se desempeñaba como colaborador en la campaña presidencial de Peña Nieto.
Los ejecutivos de Odebrecht hicieron esa acusación en testimonios ante las autoridades judiciales de Brasil y Estados Unidos, que investigan una red de sobornos que reconoció haber montado la constructora en 12 países para ganar contratos públicos, incluido México.
Hasta ahora las autoridades mexicanas no han presentado acusaciones penales en este caso, a pesar que la antigua Procuraduría General de la República, o PGR, dijo tener listo un expediente sobre el caso, mismo que ya está en manos de la recién creada Fiscalía General.
Lozoya, sin embargo, dijo que no recibió sobornos de Odebrecht y adelantó que demandaría a los ejecutivos brasileños que lo están señalando.
"No existe un solo elemento de prueba o evidencias que acrediten que yo recibí dinero de ellos ni de nadie", dijo el exdirector de Pemex, en conferencia de prensa, tras presentarse a declarar ante las autoridades de la PGR en 2017. "No tengo comentarios sobre un posible financiamiento ilegal en la campaña del 2012".
Durante la gestión de Lozoya, Pemex firmó cuatro contratos de obra pública con Odebrecht y sus filiales en el país.
En dos de ellos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el organismo responsable de supervisar las cuentas públicas del gobierno y sus entidades, encontró diversas irregularidades, lo cual provocó que iniciara cuatro procesos en contra de ejecutivos de la compañía constructora de origen brasileño, sus filiales y sus representantes legales en el país.
A la par de Lozoya, otro antiguo funcionario de Pemex fue inhabilitado y sancionado por hacer un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a 620 millones de pesos (32.6 millones de dólares) durante el proceso de compra del fabricante de fertilizantes Grupo Fertinal en 2016.
Pemex, a través de su subsidiaria Pemex Fertilizantes, pagó 255 millones de dólares por Fertinal, con la intención de incrementar su capacidad productiva de fertilizantes necesarios para las actividades agrícolas.
No obstante, las autoridades hallaron que el precio pagado por la empresa estatal fue superior al que debió haberse erogado, por lo que hubo un daño patrimonial en contra de la mayor empresa del país.
De ahí que las autoridades decidieron imponer una sanción resarcitoria equivalente al daño patrimonial infligido y además aplicar una inhabilitación de 15 años para trabajar en el sector público.
"Después de una minuciosa investigación, se demostró que el funcionario responsable hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos", dijo Función Pública, en un comunicado.
Las autoridades tampoco hicieron público el nombre del sancionado, pero de acuerdo con un reporte del diario La Jornada, el funcionario es Edgar Torres Garrido, quien dirigía Pemex Fertilizantes al momento de la compra de Fertinal.
El gobierno agregó que continuará realizando acciones para sancionar a trabajadores del gobierno que pudieran haber incurrido en irregularidades durante el cumplimiento de sus encargos.
Del 1 de diciembre a la fecha, Función Pública inició más de seis mil 200 procedimientos de responsabilidades administrativas, y ha impuesto casi 400 inhabilitaciones, que van desde funcionarios de nivel operativo hasta los rangos de directores generales.
Además, el gobierno dijo que ha aplicado 112 sanciones económicas, que suman un monto superior a los 656 millones de pesos.