por Mercedes del Signo del Rio
Infosel, septiembre. 11.- La Cámara de Senadores aprobó una modificación a la ley para endurecer las sanciones a las empresas fantasma que emiten facturas fiscales ilegales que se usan para evadir impuestos, con el fin de terminar la corrupción mediante el uso defraudador de facturas falsas.
Entre las acciones aprobadas, el Senado avaló subir las penas de cinco a ocho años de prisión por el fraude en comprobantes fiscales, así como calificarlo como delincuencia organizada e imponer la prisión preventiva oficiosa por este delito.
Además de acabar con la corrupción que involucra este tipo de delitos de fraude fiscal, el objetivo de esta ley --que fue aprobada en lo general con 82 votos a favor y 34 en contra por la mayoría que encabeza el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados-- es incrementar la capacidad del gobierno federal y los gobiernos locales de recaudar impuestos.
"Se establece que se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa las llamadas empresas fantasma y las facturas falsas, considerando que éste sea un delito similar al contrabando y su equiparable", dijo el Senado, en un comunicado.
De acuerdo con cifras presentadas por Morena, en los últimos cinco años se han identificado cerca de nueve mil empresas que facturan operaciones simuladas, que sirvieron para realizar más de ocho millones de facturas falsas y sumaron un total de 1.6 billones de pesos.
Esto, a su vez, implica una evasión fiscal de 254 mil millones de pesos.
Los senadores de Morena dijeron que esta ley es resultado de meses de negociación con los empresarios, quienes están directamente involucrados en este proceso, y que representa la conciliación de las ideas entre los representantes en el legislativo y de grupos empresariales.
El senador Alejandro Armenta dijo que la ley está a favor de los 1.3 millones de empresarios que vigorizan la economía en México.
"Resultado de siete meses de diálogo, 12 reuniones de análisis y discusión donde se recogieron distintas propuestas y opiniones, además de que se escucharon todas las voces interesadas", dijo el senador que representa el estado de Puebla.
Sin embargo, la nueva legislación despertó dudas entre algunos que creen que equiparar este delito con otros graves como el narcotráfico o el terrorismo son un ajuste delicado porque podría generar más nerviosismo entre algunos empresarios que podrían ser acusados de manera incorrecta y podrían enfrentar cárcel.
Algunos consideran que el procedimiento para identificar y castigar estas prácticas evasivas puede ser agresivo, ya que hace vulnerable a cualquier persona o empresa que al emitir una factura cometa un error, culpabilizándolo a priori.
Esta mañana, en la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aquellos que se oponen a esta reforma lo hacen porque están del lado de los corruptos.
"Ayer en el Senado, el [Partido Acción Nacional] vota en contra de que sea delito grave la facturación falsa. Eso es bueno, porque ya sabemos de qué lado están", dijo López Obrador, frente a medios de comunicación congregados en Palacio Nacional. "Pero dan la cara, votan, y hay otros que no se atreven ya a dar el paso, a quitarse la máscara y a constituirse en una asociación política".
Por su parte, los senadores del PAN aclararon que su oposición a esta reforma no es porque están en contra de combatir la corrupción, sino que buscan evitar la excesiva criminalización de los contribuyentes a través de esta ley.
"Votamos a favor de encarcelar a quien expida facturas falsas. Votamos en contra de que Morena criminalice a contribuyentes de buena fe", dijo el Grupo Parlamentario del PAN, en un comunicado. "Amenazar a millones de contribuyentes con cárcel como si fuera crimen organizado no ayuda al país".
Del mismo modo se pronunciaron en la sesión de ayer el senador Miguel Ángel Mancera, el coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD); el senador Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano; y Nuvia Mayorga Delgado, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes pidieron que se precisen los tipos penales abiertos ya que dejan las conductas a la interpretación de la autoridad, presionando excesivamente a los contribuyentes.